Mientras los grandes megaproyectos avanzan apalancados en el régimen de incentivos nacionales, los mandatarios del NOA y Cuyo endurecen su postura para blindar la participación de la industria y los proveedores regionales.

El acelerado desarrollo de la minería metalífera y del litio en el país abrió un frente de debate institucional y económico de alto voltaje en torno a las reglas de juego vigentes. La tensión se concentra en el choque de intereses entre los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y las exigencias de “compre local” que reclaman con firmeza los gobernadores de las provincias productoras.

La controversia gira en torno al artículo del RIGI que regula la contratación de proveedores nacionales, un esquema que los mandatarios provinciales consideran insuficiente frente a la magnitud de las inversiones extranjeras. Gobernadores de distritos mineros clave reclaman que las operadoras internacionales garanticen un porcentaje mínimo de contratación directa a empresas, cámaras pymes y prestadores de servicios locales, advirtiendo que de lo contrario el boom extractivo corre el riesgo de convertirse en un enclave desconectado del entramado económico regional.

Por su parte, desde el equipo económico nacional se argumenta que la imposición de cupos rígidos o normativas provinciales restrictivas puede atentar contra la competitividad y la llegada de capitales a gran escala. Sin embargo, provincias como Jujuy, Salta, Catamarca y San Juan insisten en hacer valer sus marcos regulatorios locales para asegurar que la transferencia tecnológica, la creación de empleo registrado y la cadena de valor derramen efectivamente sobre el territorio donde se extraen los recursos.