Respaldado por el sector minero e industrial, el reclamo de diez provincias frena la posibilidad de que la modernización ferroviaria quede sujeta al criterio de la futura concesionaria, exigiendo trazas estratégicas para conectar la Puna con los mercados del Pacífico y Bolivia.
La pulseada por el modelo de desarrollo federal y la competitividad exportadora sumó un nuevo capítulo de máxima tensión institucional. Las uniones industriales que conforman el Norte Grande (UNINOR), con la activa participación de la Unión Industrial de Jujuy, emitieron un pronunciamiento categórico para exigir al Gobierno nacional una revisión profunda de los pliegos de licitación del sistema ferroviario del Belgrano Cargas. El eje central del reclamo radica en la necesidad imperiosa de incorporar la obligatoriedad de obras e inversiones en los ramales C14 (que vincula Salta con Socompa y los puertos de Chile) y C15 (que conecta el norte salteño y jujeño con la frontera boliviana).
Este posicionamiento encontró un respaldo clave en el entramado minero y agroindustrial de la región. Directivos y cámaras del sector remarcaron que el exponencial crecimiento de los proyectos de litio, cobre y metales preciosos en la Puna, sumado al potencial productivo de las economías de los Valles y las Yungas, torna insostenible depender de una infraestructura logística precaria y obsoleta. Los costos de transporte por camión restan competitividad internacional a las exportaciones del NOA, haciendo indispensable un ferrocarril de cargas eficiente y de alta capacidad.
En paralelo, la presión política se multiplicó en la arena nacional. Gobernadores de la región, encabezados por mandatarios como Gustavo Sáenz, endurecieron las negociaciones con la administración central, supeditando apoyos legislativos y electorales a respuestas concretas sobre obras estructurales para el norte argentino. Los mandatarios y los industriales coinciden en un diagnóstico común: el verdadero federalismo no se construye con discursos, sino con decisiones presupuestarias y pliegos licitatorios que obliguen a los futuros operadores privados a invertir en la totalidad de las trazas, evitando que la modernización se reduzca únicamente a los corredores más rentables de la pampa húmeda y dejando nuevamente postergadas a las provincias norteñas.




