Argentina tiene el potencial técnico de multiplicar por seis sus exportaciones de energía y minería hacia 2035, alcanzando los US$ 75.000 millones. El informe de Fundar advierte: la geología no garantiza el desarrollo; el éxito depende de integrar una cadena de valor industrial local.

La hoja de ruta para la próxima década está sobre la mesa. Según el análisis de Daniel Schteingart (Fundar/Misión Productiva), el país se encuentra ante una ventana de oportunidad histórica apalancada por Vaca Muerta, el litio y el cobre. Sin embargo, el estudio plantea una distinción crítica entre la “Argentina extractiva” y la “Argentina productiva”. La primera se limita a exportar materia prima, mientras que la segunda es la que logra “enganchar” los vagones industriales a la locomotora exportadora.

El dato per cápita es elocuente y funciona como una señal de alerta: hoy, Argentina exporta unos US$ 1.000 por habitante en recursos naturales, una cifra 30 veces menor que Noruega y 4 veces menor que Chile. Incluso alcanzando la meta ambiciosa de US$ 75.000 millones en 2035, el valor per cápita treparía a US$ 3.000, todavía lejos de las potencias mineras y energéticas del mundo. El mensaje es claro: el crecimiento exportador no es sinónimo de desarrollo social automático.

Para convertir esta abundancia en bienestar, el informe propone una política industrial activa. No se trata solo de extraer, sino de multiplicar los proveedores de servicios complejos, la investigación científica y el empleo calificado alrededor de los proyectos. Actualmente, existen 10.000 empresas proveedoras de petróleo y gas, una base sólida que debe expandirse hacia la minería metalífera y el litio para crear un clúster de conocimiento similar al que poseen Australia o Noruega.

Finalmente, el análisis pone bajo la lupa al RIGI. Si bien es valorado como una herramienta necesaria para brindar estabilidad jurídica a inversiones de escala, el estudio critica su falta de incentivos directos para la contratación de proveedores nacionales y el desarrollo de centros de I+D en el país. En definitiva, el RIGI permite que la “locomotora ande a 500 km/h”, pero es la política pública inteligente la que debe garantizar que ese tren no pase de largo, transformando la riqueza geológica en capacidad industrial instalada.