El Gobierno rionegrino enviará en agosto un proyecto a la Legislatura para integrar estas especies al circuito comercial formal, combinando el desarrollo económico local con el control ambiental de especies invasoras.
La provincia de Río Negro se prepara para dar un salto en su diversificación productiva mediante una reforma clave en su Ley Provincial de Carnes. El ministro de Desarrollo Económico, Carlos Banacloy, anunció que el Ejecutivo presentará un proyecto para habilitar la comercialización formal de carne de jabalí y guanaco, buscando transformar la actividad cinegética y de manejo en una verdadera cadena de valor con trazabilidad y controles sanitarios rigurosos.
El objetivo central es poner en valor las denominadas “proteínas alternativas”, un segmento con creciente demanda tanto a nivel local como internacional. “Tenemos que salir del modelo de caza control y escalar para que esas proteínas se comercialicen y lleguen a la población”, explicó Banacloy. La propuesta contempla simplificar los procesos de habilitación para establecimientos procesadores, garantizando que todos los productos cumplan con los estándares exigidos por los municipios, la provincia y el Senasa.
Además de la oportunidad comercial, la iniciativa posee un fuerte componente de gestión ambiental. El jabalí europeo, clasificado como especie exótica invasora, genera daños severos en los ecosistemas patagónicos y pérdidas constantes en la producción agropecuaria. Al fomentar su aprovechamiento comercial, el Gobierno busca crear un incentivo económico que actúe como una herramienta complementaria para controlar su expansión. En el caso del guanaco, el enfoque será el manejo sustentable y la conservación de la especie.
Para la región de la Línea Sur rionegrina, este proyecto representa una ventana de oportunidad única para diversificar la economía local y ofrecer nuevas alternativas de ingresos a pequeños productores. Al formalizar estos circuitos, no solo se busca mejorar la seguridad alimentaria y la oferta gastronómica, sino también asentar un precedente sobre cómo la gestión pública puede transformar desafíos ambientales en motores de desarrollo regional bajo parámetros de sostenibilidad.
