Tras una sentencia del Juzgado Ambiental, dos hombres fueron condenados a prisión en suspenso y deberán resarcir económicamente el daño. El Ministerio de Ambiente confirmó que irá por el cobro total de las multas.
La justicia jujeña marcó un precedente decisivo en la protección de los recursos naturales. El pasado 7 de abril, la jueza Dra. Laura Flores homologó una condena de dos años de prisión en suspenso para dos personas halladas culpables de caza furtiva agravada por el uso de armas. El caso, que involucró el almacenamiento de productos derivados de vicuñas, no solo termina con una sanción penal, sino que exige una reparación directa a las comunidades afectadas mediante la donación de insumos médicos en Santa Catalina y Cieneguillas.
Desde el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático fueron tajantes: la condena penal es solo el inicio. El organismo adelantó que ejecutará las multas administrativas por daño ambiental, asegurando que el costo económico de atentar contra la fauna silvestre sea ejemplificador. Esta postura busca blindar un ecosistema que es clave para el equilibrio altoandino y que sustenta el sustento de cientos de familias que practican el aprovechamiento legal y sustentable.
El marco normativo que sostiene esta decisión es robusto, apoyándose en tratados internacionales como el Convenio de la Vicuña y leyes nacionales de conservación (Ley N° 22.421). En Jujuy, la normativa es clara: solo se permite el aprovechamiento mediante la esquila en vivo o chaku, una práctica ancestral que garantiza la supervivencia del ejemplar. Cualquier otra forma de intervención es perseguida penalmente para evitar el mercado negro de fibra.
Finalmente, el Estado Provincial confirmó que actuará como querellante en futuras causas vinculadas a delitos contra la biodiversidad. Esta estrategia de “datos y resultados” pretende fortalecer la seguridad en las zonas productivas y proteger el patrimonio natural, enviando un mensaje directo a los infractores: el daño a la fauna silvestre en Jujuy ya no queda impune.
