El Consejo Agroindustrial y las principales Bolsas de Cereales del país denuncian acciones extorsivas de transportistas y advierten sobre la parálisis de los puertos y la pérdida de mercados externos.

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) lanzó una fuerte advertencia ante la persistencia de los cortes de rutas protagonizados por transportistas autoconvocados. La entidad denunció la implementación de “prácticas extorsivas” destinadas a amedrentar a quienes buscan cumplir con el traslado de granos y maquinaria en un momento crítico del ciclo productivo. Según el CAA, la falta de acuerdo en las mesas de negociación provinciales ha derivado en una situación de urgencia que afecta a toda la cadena, desde el productor que no puede cobrar hasta el Estado que deja de recaudar.

La preocupación se extendió a las principales Bolsas de Cereales y de Comercio del país, incluyendo las de Rosario, Santa Fe y Córdoba. En un comunicado conjunto, señalaron que las interrupciones en los accesos a los puertos están generando demoras severas en la logística de exportación. Esta parálisis no solo afecta el flujo de divisas, sino que ya está provocando que buques internacionales sean atendidos por países competidores ante la imposibilidad de Argentina de cumplir con la entrega de mercadería en tiempo y forma.

En Córdoba, la situación escaló tras la decisión de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona de abandonar la Mesa de Transporte. La entidad justificó su postura al rechazar los “aprietes” y subrayó que el sector agropecuario no puede absorber los aumentos de costos del transporte, ya que también enfrenta una suba en sus propios insumos y una carga impositiva que se mantiene inalterable frente a la baja de los precios internacionales de los granos.

Desde el bloque agroindustrial insisten en que la solución debe llegar a través del diálogo, pero bajo el principio irrenunciable de la libre circulación. El reclamo es unánime: es necesaria la intervención de las autoridades para garantizar que la cosecha pueda llegar a destino, protegiendo tanto el derecho a trabajar de los transportistas que no se adhieren a la medida como la seguridad jurídica necesaria para el funcionamiento de los mercados y el cumplimiento de los compromisos externos del país.