Con una inversión de $10 millones por hectárea de tomate y precios de venta que no cubren los gastos, la agricultura familiar jujeña atraviesa una caída histórica del consumo interno y una competencia desleal con productos extranjeros.

La realidad de los pequeños productores en Aguas Calientes ha llegado a un punto de inflexión. La estructura de costos dolarizados hace que la producción primaria sea, hoy, una actividad de alto riesgo y baja rentabilidad. Implantar una hectárea de tomate requiere hoy una inversión base de $10 millones, dividida entre un 50% en semillas, 30% en mano de obra y el resto en agroquímicos y fertilizantes. Sin embargo, los valores pagados en finca —$12.000 por cajón de tomate y $3.000 por zapallito— son financieramente inviables.

Este descalce entre costos y precios de venta se agrava por una cadena comercial profundamente distorsionada. Mientras el productor local percibe valores de quebranto, el consumidor final enfrenta precios elevados en góndola, evidenciando que la rentabilidad se diluye en manos de intermediarios. A este escenario se suma una caída del consumo sin precedentes: los abastecedores que solían retirar mercadería dos veces por semana han reducido su frecuencia a la mitad, marcando un enfriamiento real de la economía regional.

El impacto de la política nacional de apertura de importaciones es el tercer factor que profundiza la crisis. El ingreso constante de verduras provenientes de Paraguay y Brasil funciona como un techo artificial para los precios locales; cada vez que el productor argentino intenta recuperar sus costos, la entrada masiva de mercadería extranjera deprime el mercado, impidiéndole obtener márgenes positivos.

Para Aguas Calientes, este no es solo un problema económico, sino social. Al carecer de un desarrollo industrial que absorba mano de obra, la agricultura familiar es el principal motor de empleo. La reducción en la escala de siembra —donde productores han recortado sus superficies a la mitad— es una señal de alerta clara que requiere políticas de acompañamiento urgente para evitar la desaparición de unidades productivas que son el sustento de cientos de familias jujeñas.